El Gobierno exige por sorpresa el plan de cierre a las empresas mineras

Fuente: diariodeleon.es

La patronal ha de comunicar ya el cese de actividad de las minas no competitivas.
Se despereza el sector minero leonés de la hibernación a la que se vio sometido por la crisis del carbón, con un año por detrás sin facturar, expedientes de regulación de empleo o cierres de explotaciones a la misma hora que se enfrenta a un nuevo sobresalto: el Gobierno urge por carta a las empresas del sector para que le notifiquen de inmediato el plan de cierre, el que obliga a liquidar los negocios de extracción de mineral que no resulten rentables más allá del año 2018. Es precepto del plan del carbón, destinado a macerar una criba de las minas de carbón no competitivas después de esa fecha.
El requerimiento del Ministerio de Industria detalla la necesidad de someter ese plan de cierre que ha de ser autorizado por la Comisión Europea

Las empresas mineras que se deben a esa normativa que regula las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre y la reconversión del carbón -”una más-” han de fijar en la información que remitan al Gobierno la ubicación de las minas encaminadas al cese de actividad, la fecha de ese cierre, la producción anual que estimen en la fecha en la que se ejecute ese proceso y la evolución estimada de las plantillas, la de los empleados en nómina y los de las subcontratas, hasta que llegue el finiquito. Además, la circular ministerial ordena que se fije en el informe un estudio de reservas de mineral en las explotaciones con límite de actividad con la extinción del decreto que regula las ayudas públicas al sector minero.
La circular del Gobierno pilla con el paso cambiado a la patronal, dedicada en las últimas semanas a planificar el retorno del carbón al mercado, del mineral a las térmicas, de los empleados a las minas y de la normalidad paulatina a las cuencas, atolladas en la incertidumbre desde el pasado verano. A la vez, envuelta en un pleito judicial ante el Tribunal Europeo en el que pugna por llevar las ayudas públicas más allá del 2018 y que se derogue la condición que obliga a las sociedades mineras a devolver todas las subvenciones recibidas durante estos años; en ese recurso eleva también su disconformidad con las reducciones porcentuales de las ayudas públicas al sector que se aplicarán de forma creciente en los cuatro próximos años. En esa presencia ante los tribunales va de la mano de la Junta de Castilla y León, que acaba de recibir del Gobierno una respuesta negativa a su invitación a que el ejecutivo central sumara la fuerza y el peso de la abogacía del Estado al recurso contra el decreto del carbón. El no se justifica desde el ejecutivo central por considerar inapropiado recurrir ahora la decisión del Coreper, cimentada en la propuesta del recorte del ayudas que defendió el comisario Joaquín Almunia, en la que se basó la supervivencia de los incentivos al carbón. El sector minero leonés ya tiene un objetivo más que cumplir: el plan de cierre.