En el artículo 2 de la Constitución Española consagra la indisolubilidad de la unidad nacional y se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la integran. Así nacen las autonomías y se inicia un proceso descentralizador de la gestión, cohesionado por el gobierno central. Un proceso que debía haber acercado y, en muchos casos, incrementado la eficacia de la gestión pública.Pero la dinámica también ha desembocado en errores colosales como la transferencia única en el mundo de la educación o de la sanidad (esperemos que no se atrevan con la justicia), que han creado 17 reinos de taifas desiguales y enfrentados, y al haber adelgazado tanto el tamaño del gobierno central, se le ha reducido en mucho, la posibilidades de cohesión en este puzzle sin sentido.
El estado de las autonomías actual provoca una serie de disfunciones conceptuales que restringen el desarrollo y la prosperidad del ciudadano. En primer lugar, desde un punto de vista contable supone una sobrecarga de gastos de los diferentes organismos que en muchos casos se solaparan en diferentes niveles (un reciente estudio de la Fundación UPyD establece que el coste es de 26.000 millones de euros, el 24% del PIB).
Otro aspecto fundamental para el desarrollo económico es la ruptura de un mercado único nacional. Se han multiplicado los costes de transacción estableciendo barreras a la libre circulación de personas y de mercancías. Multitudes de organismos, de legislaciones, de trámites, por no hablar de los idiomas. Baste algún apunte en este sentido, al año se publican 700.000 páginas de boletines oficiales autonómicos, quince veces más que la del BOE, 140 más que la regulación de Alemania y 700 veces más que la del gobierno de USA.
El gobierno central ha adelgazado tanto que le es imposible implementar políticas con suficiente masa crítica y con el aprovechamiento de las economías de escala en un país modesto en el concierto internacional. No se pueden establecer líneas sensatas de inversión en capital humano (educación está transferida), ni en ordenación del territorio (costas), ni en infraestructuras (trasvases), ni en energía (residuos),… Por todo ello se produce una falta de proyecto común, de esfuerzo colectivo nacional o servicio a la Nación, sustituido por un servicio a mi comunidad en un protagonismo caciquil y torticero.
Si un leonés quiere gestionar algún asunto relacionado con el día a día, lo primero que tendrá que averiguar es el la institución competente, para ello es lógico pensar que se acerque a la Delegación de la Junta en León y pregunte. Educación, sanidad y empleo son las principales áreas transferidas, pero hay más, muchas más. En los últimos 4 años se han creado 1,2 entes públicos por semana en cada comunidad autónoma llegando a los 2.012 acutales, que prácticamente han apartado la presencia de la administración central a áreas residuales.
En un informe del Mº de Economía, se deduce que cada comunidad tiene un servicio de salud, una agencia de energía, un instituto de la mujer, otro de la juventud, otro de estadística, una oficina de promoción en el exterior, un comisionado del Defensor del Pueblo y una televisión. Y muchos más. Con lo que se crean duplicidades sin sentido. De forma que hoy se puede decir que ya no queda casi ninguna competencia para transferir, ni controles del estado sobre la gestión autonómica.
El principal problema de este sistema es que no se puede medir la eficiencia de las comunidades autónomas y separar los necesarios y los prescindibles, en su afán por replicar los servicios del estado, han multiplicado el número de instituciones inflando los costes, especialmente los laborales. En los últimos cinco años la contratación de personal público se ha incrementado un 29,5% en el régimen autonómico y un 65 en el estatal, por lo que el coste de personal en relación al gato total situó a España por encima de los principales países europeos en el 2008. El 26,2% frente al 24% de Francia, el 23% de G.B. y el 16% de Alemania. A finales del año pasado el número de funcionarios llegaba los 3,06 millones.
Falta un criterio de austeridad mínimo que el gobierno central ni sabe, ni quiere imponer, de manera que tienen autonomía total en el gasto, incluso incurriendo en servicios cuanto menos alegales (muchos sólo justificables electoralmente), y ninguna responsabilidad en los recursos que acuden al gobierno central en caso de necesidad.
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