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viernes, 25 de marzo de 2011

Para vivir la vida hay que ser nacionalista.

En 1993 el País Vasco decretó, de acuerdo con la legislación española, un periodo de 10 años de exención del impuesto sobre sociedades a las nuevas empresas que se establecieran en cualquiera de las provincias vascas. Unas vacaciones fiscales que fueron aprovechadas por muchas empresas de otras comunidades para relocalizarse un poco más allá, en algunos casos no llegaba a un kilómetro. Se estaba fomentando una situación de competencia desleal con otras empresas ubicadas en regiones que tenían regímenes fiscales mucho más gravosos, introduciendo en el mercado ventajas ajenas a la competitividad de las empresas. La verdad es que los partidos nacionalistas rostro, tienen y mucho.

Que era una situación irregular, no se le escapaba a nadie, una denuncia en ese mismo año hizo que la Comisión Europea inquiriera por el caso al estado español, y emulando al mismísimo Job estuvo esperando sus explicaciones más o menos 7 años , hasta el 2000, que inició un proceso por incumplimiento de la legislación europea y recogida en la Decisión 2003/28/CE -lo siento por tantos datos, pero dan una idea clara por un lado de la rapidez de los procesos europeos- lo que ya sí demuestra claramente el grado de enfado de la institución europea y que la exige a tomar medidas para cumplir con sus obligaciones. Pero ni con esas; y a un nuevo requerimiento El Estado español ahora sí, contesta a la demanda alegando que no tiene responsabilidad en el contencioso, porque, las pobres provincias vascas tienen autonomía financiera en su ámbito territorial, por lo que no puede de ninguna manera solventar la situación.

Que no puedes, pensó la Comisión, ya veras como puedes. Y al Tribunal de Justicia General que falla, (pasan otros cinco años más hasta el 2006) como debe fallar en justicia, hay que recuperar las ayudas que se concedieron. Y como es muy español "mantenella y no enmendalla", la Comisión se ha hartado y a las consecuencias, inicia un proceso sancionador que desde luego no será baladí a 25.817 € al día a contar desde el 2001 en que el ejecutivo europeo las había declarado ilegal. Total para cuando resuelva de nuevo el Tribunal 56 millones del ala. Y por si no nos enteramos otra más de 236.044 por cada día que pase desde la última sentencia hasta que finalice con la infracción.

Pregunta: ¿Sabe usted quién ha de pagar la sanción?

Seguro que lo sospecha. En este país de caraduras y saltimbanquis, pagan los de siempre. Las autonomías que han valido y valdrán en el futuro para mucho y han sido, seguramente, pilar básico para una transición pacífica y ordenada (estoy también seguro que si no hubieran existido se hubiera dada el mismo proceso), tienen a comportarse como niños consentidos, derechos todos para mí, obligaciones todos para ellos. Y si siempre hay un padre o mejor dicho, se ajusta más la figura de madre, estado que les ampare no tienen ninguna motivación que les impulse a mejorar, gastan lo que no tienen y hacen lo que no deben, protegidos por la larga sobra del estado central.

Por cierto pagará España, o sea todos y cada uno de nosotros, buen a excepción de los vascos que tienen un concierto que les exonera, y que tampoco pagan por cierto.



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