Cuando se habla del mercado laboral, de los contratos, de los convenios, del salario mínimo interprofesional y desde luego de la actual reforma, se tiende a simplificar, que es una habilidad humana muy útil para ciertas situaciones facilitar la comprensión de la realidad, pero que en otras claramente confunde y ofusca, -como es el caso- y se tiende a considerar y santificar que los agentes implicados son los trabajadores y los empresarios (normalmente a este, con látigo y ojos inyectados de sangre).
Esta creencia arraigada en la sociedad desde el siglo XIX, permite a las organizaciones sindicales y patronales arrogarse la facultad de inmiscuirse en cualquier movimiento que se produzca, confiriéndoles una posición de dominio o al menos preponderante que saben utilizar en su beneficio.
Aunque en cabe preguntarse hasta que punto son representativos ya que un rápido vistazo las cifras hablan por sí solas, de forma que ni el 10% de los empresarios, ni trabajadores están afiliados o asociados, según el caso, por lo que esa representatividad, como decía Lope en sus Soledades: o sabe naturaleza más que supo en otro tiempo, o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos. Pues serán representativos porque lo dicen ellos.
Y más aún, incluso se puede pensar que a pesar de todos los procesos democráticos a que les obliga la CE y las leyes correspondientes, es difícil aceptar que realmente defiendan los derechos del colectivo que dicen representar. No creo por ejemplo que en la junta directiva de la patronal primen los intereses de las pymes cuando son la inmensa mayoría de las empresas, ni creo tampoco que la situación de un secretario provincial de cualquier sindicato sea la de cualquier otro trabajador.
Por lo que retomo el hilo del principio y digo que el mercado laboral es más, mucho más, donde existen otros sujetos, ajenos a las grandes cifras, convenios y acuerdos, con sus necesidades y sus derechos -el primero y fundamental sacramentado en la Constitución artículo 35, sobre el derecho a trabajar-. ¿Quién representa a los desempleados? ¿Los sindicatos? No creo yo creo que nadie. Es cierto que es un colectivo que se tiende a identificar con el de los trabajadores, pero no lo son (ya les gustaría), no se parecen ni de lejos; es más económicamente son sus competidores directos: uno quiere lo que el otro tiene, el trabajo. Y mientras que los que están dentro, con un contrato, se agrupan en sindicatos cuya definición precisa es y cito textualmente “la unión o agrupación de trabajadores destinada a la defensa de sus intereses económicos y laborales”, los otros, ven como sus intereses que no se ajustan y en muchos puntos se oponen a los de las organizaciones sindicales, quedan al margen de cualquier negociación laboral.
Y aún hay más: queda otro agente que no por ser poco conocido tiende a confundirse con el empresario, la empresa. Una cosa es el empresario y otra la organización empresarial, una es una persona física y otra jurídica, ambas independientes, y con capacidad de obrar y ser sujeto de derechos y obligaciones, no lo digo yo, lo dice el Código Civil. Y siguiendo el mismo razonamiento anterior, no siempre lo que es bueno para unos es bueno para otros.
Resumiendo esta reforma que está lejos de ser óptima, pero puede iniciar una tendencia para serlo, que lleva un lustro de retraso y por primera vez tiene, a mi modo de ver, una concepción global que se centra en estos dos últimos colectivos, pese a quien pese podríamos decir. El meollo del mercado laboral reside en la empresa y a ella se dirige principalmente la reforma, con un claro objetivo, mantener el mayor número posible en el mercado para asegurar el mayor número de trabajadores en activo. Un cambio en el concepto general. La empresa existe y hay que preocuparse por ella, sin aditamentos ni atrezos de empresarios, patronales, trabajadores o sindicatos. Sin empresas solo hay oscuridad.
Y por otro lado la reforma se centra en el desempleado, ofreciendo nuevas oportunidades para su inserción laboral. Oportunidades que chocan frontalmente con las prebendas en forma de derechos adquiridos que se quiera o no, no dejan de ser lo que los economistas llaman “barreras de entrada”, por ejemplo el salario mínimo interprofesional o la negociación colectiva o el despido,… La situación es tan extrema que requiere medidas extraordinarios, lo que no es nuevo, ya que un derecho no es, ni puede ser absoluto; ni siquiera los fundamentales, de hecho, así se contempla en casos de emergencia o catástrofe. Seguramente nadie cree posible que se nos prohibiera salir de casa o se nos restringieran las comunicaciones por ejemplo, pero ambos supuestos (y muchos más) están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.
Entiendo que pataleemos, que gritemos y nos manifestemos, que luchemos por nuestros derechos, porque la reforma, y qué duda cabe, supone un recorte considerable, con alevosía y casi nocturnidad; pero pasará el tiempo y las reclamaciones irán perdiendo intensidad ajustándose a la realidad que nos ha tocado vivir de la que somos deudores y será esa la que marque los derechos y las obligaciones de cada uno.
Finalizo con un apunte, la reforma que insisto es necesaria, incluye algunos aspectos que considero peligrosos. Cuando oigo subvenciones, bonificaciones o desgravaciones fiscales, vinculadas a un supuesto (como es el caso de una nueva contratación, un nuevo equipo, o lo que fuere), se me ponen los pelos como escarpias y me acuerdo de todos aquellos que no pueden contratar, o adquirir un nuevo activo y que van a competir en desventaja, con los que sí lo hacen y que se acogen a esas ayudas, y me entra cierta congoja y miro al cielo y entorno los ojos y pido a la providencia por ellos, porque no desesperen y lo manden todo a la, pongamos porra, que es más elegante.
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