No hay debate, tertulia o foro económico en el que no se hable de las altas cifras de paro en nuestro país. Los expertos en economía, periodistas, políticos y ciudadanos en general nos preguntamos por qué en España los datos sobre desempleo son tan altos cuando en países de nuestro entorno, con similares dificultades, las tasas de paro son mucho más bajas.
Pues bien, una de las posibles respuestas a este enigma es nuestro propio modelo de organización administrativa. Resulta que debido a nuestro imperfecto estado de las Autonomías tenemos un mercado fragmentado con peligrosas consecuencias para la actividad empresarial y económica que hoy, con la crisis, se ven acentuadas. Con el modelo actual que tenemos, las empresas se enfrentan a un complejo entramado jurídico, un pesado lastre de competitividad, un severo freno a la inversión y a su expansión y un importante desincentivo a la creación de empleo.
“Mercado disgregado, laminado y profundamente imperfecto”, así lo califican representantes de una Confederación Empresarial española que se atreven incluso a cifrar en 45.000 millones de euros lo que dejaría de producir la economía española por la maraña legislativa y la falta de unidad de mercado que sufre este país, hasta el punto que han remitido al Gobierno un informe titulado, “La unidad de mercado: un imperativo para recuperar la competitividad”.
Esto quiere decir que las empresas españolas se enfrentan a un entramado jurídico que lastra la inversión y la creación de empleo y que si tuviéramos un mercado armonizado, el dinamismo de las empresas españolas sería mayor y por ende sus inversiones y la creación de puestos de trabajo. Dicho esto, parece de lógica aplastante que las empresas reclamen al gobierno que prevenga o corrija esta situación revisando el vigente esquema constitucional de distribución de competencias y poniendo en marcha una Ley de Garantía de Unidad de Mercado para asegurar la libre circulación de bienes, prestación de servicios y factores de producción en todo el territorio nacional.
Ahondando en el tema, en uno de los últimos informes económicos de “la Caixa” se pueden extraer conclusiones que reafirman lo expuesto anteriormente. De todos es sabido que el tejido empresarial español se caracteriza por su fragmentación, con una gran prevalencia de pequeñas y microempresas, tamaño que condiciona la productividad y la capacidad exportadora, puesto que la empresas de mayor dimensión no sólo tienden a ser más productivas sino también más propensas a exportar.
España destaca por ser uno de los países avanzados con un mayor peso de las microempresas o empresas con menos de 10 asalariados, las cuales representan un 93% del total de empresas, frente al 83%, por ejemplo, en Alemania, que coincide con la media de la OCDE. Si trasladamos este principio al mercado laboral, resulta que las pymes en España copan el 78% del total de empleo, mientras que en Alemania sólo emplean el 60% y en Estados Unidos, el 47%.
Cuando se comparan datos y estadísticas entre magnitudes y países, surgen sorpresas, como que las grandes empresas españolas son incluso más productivas que las alemanas. En contrapartida, las micro y pequeñas empresas son menos productivas. Las grandes empresas en España son casi 3 veces más productivas que las microempresas y 1,6 veces más que las de tamaño medio, según datos de la OCDE. El problema está, entonces, en que la gran empresa tiene un peso muy reducido en la economía española.
Pero, ¿por qué tenemos escasez de grandes empresas en España? Todo apunta a las rigideces y obstáculos en el entorno institucional y de mercado en el que operan, -lo que dificulta su crecimiento-, y a factores sociales y culturales más amplios que limitan, de entrada, el horizonte de muchos proyectos empresariales. También a la especialización sectorial de la propia economía española ante el peso de sectores como la hostelería y el turismo, la construcción y las actividades inmobiliarias que suelen contar con empresas de menor tamaño.
El predominio de empresas de tamaño reducido puede deberse al marco institucional existente con lo que ello implica de regulación del mercado laboral, trámites burocráticos, disparidad de normativas entre distintos niveles administrativos, inseguridad jurídica, etc. Son elementos que influyen sobre la productividad y que, a menudo, se convierten en frenos al crecimiento y a la generación de empleo. Y en este punto, cabe añadir que la legislación, excesivamente restrictiva del mercado laboral, añade dificultades a la capacidad de crecimiento de muchas empresas y con ello, se limita la capacidad de generación de puestos de trabajo, factor que se ha empezado a corregir con la última reforma laboral que esperemos comience a dar sus frutos el próximo año.
