Sorprende que se aproveche el
Debate sobre el Estado de la Nación para anunciar una serie de medidas
económicas y fiscales encaminadas a impulsar la actividad económica, no tanto
por el lugar, la oportunidad, las encuestas que se hacen a los ciudadanos o incluso
por la cercanía de las elecciones europeas, sino porque parece que se sacan de
la manga, que no obedecen a una estrategia o plan a largo plazo (o corto si se
utilizan los criterios políticos de medir el tiempo), que son fruto de una
improvisación, porque bien se podían haber hecho hace ya tiempo de manera que
compensasen de alguna manera el drama que ha supuesto la crisis en la sociedad.
Pero sean bienvenidas, aunque sean tarde.
La principal y más llamativa es
la aprobación el próximo viernes de una
tarifa plana de 100 euros para la
contratación indefinida de nuevos trabajadores que supongan un incremento
en la plantilla. Aquellas empresas independientemente de su tamaño (incluidos
autónomos), cotizarán por ese importe durante los primeros 24 meses. El
objetivo fundamental la contratación y en concreto la contratación indefinida
que apenas llega al 10% del total de contratos. Por ceñirnos a la clave provincial, de los casi 9.000
contratos medios mensuales que se firman al mes apenas sí 900 son fijos.
La medida supone un ahorro del
75% en el epígrafe de contingencias comunes: así en un sueldo de 20.000 euros
anuales la bonificación es de 3.520€ anuales por empleo. Pero ojo, las empresas
que hayan despedido de forma improcedente durante los seis meses anteriores (y
estimo que son muchas) no podrán participar de esta medida. Y ojo también aquí
porque en caso de despido deberá reintegrar
las cantidades de las que se haya beneficiado; lo que puede lastrar y de
forma importante el interés inicial que pudiera tener tal medida, ya que las
empresas se lo pensarán y mucho para contratar teniendo en cuenta el coste que
puede suponer en caso de despido (el propio y el de la bonificación aplicada).
Por otro lado se va a producir una dualidad competitiva entre
los costes laborales de las que han mantenido el personal laboral “contra
viento y marea” y aquellas con nuevos costes laborales. Frente a la posibilidad
de una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales, el Gobierno ha optado
por una mayor (más atractiva) pero para unos supuestos muy concretos.
La segunda es fiscal, rebaja en el IRPF para las rentas medias y
bajas que afectará a más de 12 millones de contribuyentes. Aquellos que
ingresen menos de 12.000 no pagarán nada a partir del 2015.
La tercera y la cuarta están más
bien pendiente de desarrollo y la implementación será complicada: una reforma
integral del modelo de formación profesional y nuevos sistemas de
intermediación laboral en colaboración con las CC.AA. Y un mayor apoyo el
enésimo a la financiación empresarial.
Finalmente como no podía ser de
otra manera y teniendo en cuenta que el año 2013 se cerró con un record de
exportaciones un Plan de apoyo a la internacionalización, que hace suponer que
si se alcanzó un record sin ayudas, con ayudas será mayor. Lo cual no siempre
es verdad.
En general son medidas que
pretenden fortalecer el “incipientísimo” crecimiento económico que bien podían
haberse puesto en funcionamiento mucho antes y que pueden incentivar de alguna
manera la contratación y reactivar la demanda interna. Lógicamente supondrá
también y esperemos que lo hayan considerado un importante recorte en los
ingresos del Estado porque la deuda sube y sube por mucho que Mody`s y que la
prima y que Bruselas…
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